El auto del juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, de 9 de
abril de 2015, en el que declara procesados a 11 altos cargos de la
Administración marroquí, solicitando la busca internacional y captura de 7 de
ellos, por presuntos delitos de detenciones, participación directa en torturas,
asesinato y desapariciones forzadas de mas de un centenar de saharauis, ha despertado el
aliento y la esperanza de muchos saharauis en la justicia.
%2B01.17.11.png)
Y también, los
temores de algunos sectores de la sociedad española sobre la posible reacción
de Marruecos, que tiene serias dificultades para entender la relativa
independencia del poder judicial frente al Ejecutivo.
Todavía muchos saharauis recordamos y tenemos pesadillas por
los atroces bombardeos que sufrimos de la aviación marroquí cuando huíamos de
la ocupación ilegal del Sahara Occidental. Eramos, en su inmensa mayoría,
niños, mujeres y ancianos indefensos huyendo como podiamos hacia la frontera
con Argelia. Mientras los hombres, nuestros padres y hermanos, se aprestaban a
la guerra contra el ejercito invasor. La historia está ya contada y los hechos
son irrefutables. Fue un intento de genocidio que no ha sido todavía reconocido
por el Reino de Marruecos, ni los hechos investigados y juzgados por la Corte
Penal Internacional.
Toca ahora a la justicia indagar los delitos que se
cometieron, castigar a los declarados culpables y resarcir en la medida de lo
posible a las victimas, si se quiere pasar página y afrontar el futuro sin
odios o deudas pendientes.
Pero al mismo tiempo, es en los espacios de la política,
donde todo es mas ambiguo y maleable, donde no se avanza sobre certezas
incuestionables o se consolidan verdades absolutas, donde, precisamente por
ello, hay, a pesar de todo, oportunidades para la negociación, el acercamiento
de posiciones, las rectificaciones y hasta la reconciliación.
Hoy el auto de un juez, que está a punto de ser sustituido
como juez instructor de la Audiencia Nacional, es una pieza que mueve el lento,
pero a menudo inexorable, engranaje de la justicia. Se hagan las valoraciones o
análisis que se hagan, es un decisión judicial de obligado acatamiento para
todos, a pesar de las incomodidades o consecuencias diplomáticas que pueda
tener. Pero siempre tendremos la política para sortear las dificultades y
tratar de encontrar una solución a un conflicto enquistado, que afecta
directamente a la prosperidad y seguridad de la región, y que mantiene, de
facto, en el limbo jurídico y sin posibilidad de construir un futuro a mas de
cien mil refugiados saharauis.
Lehdía Mohamed Dafa
No hay comentarios:
Publicar un comentario